ESPINAR Y SIGUAS MAJES II - GUERRA O CONCERTACIÓN: AGUA PARA TODOS

El Agua es de Todos

El Frente de Defensa de la Provincia de Espinar (FDPE) mantiene una huelga indefinida en protesta por la licitación del Proyecto Majes Siguas II, y la Ciudad de Cusco ha declarado un paro de 48 horas el 21 y 22 de setiembre. El Proyecto Majes Siguas II fue diseñado sin la participación del gobierno regional de Cusco para irrigar tierras en Arequipa sin reflejar una visión de desarrollo macroregional del sur.

ProInversión dio la Buena Pro al consorcio Angostura, dos días antes de la fecha prevista y en sede distinta, pese a una orden judicial que disponía suspender la licitación. Mover así fecha y sede expresa la poca seriedad con la que se tomó las observaciones de la población y autoridades de Cusco y de Espinar.

El FDPE viene exigiendo, desde antes del paro, una mesa de diálogo con el presidente del Consejo de Ministros. La semana pasada una delegación de 69 comunidades de las poblaciones altoandinas de Espinar viajó a Lima; pero el Presidente del Consejo de Ministros, José A. Chang, dice que no habrá diálogo si no cesa el Paro.

En vez de diálogo se han enviado a Espinar 600 efectivos de la Policía Nacional y, aprovechando la Resolución Suprema 395-2010-DE, las FFAA participan en labores de seguridad. Nuevamente el gobierno se niega a reconocer los derechos de las comunidades y no respeta su territorio.
El enfrentamiento con la PNP dejó ya 43 heridos, entre civiles y policías, algunos de bala, 1 muerto y varios detenidos. La sordera del gobierno genera situaciones de confrontación y violencia, como se ha visto en Moquegua y Bagua, con las consecuencias que el país entero lamenta.

Luego de la visita de Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, enviado para interceder y actuar “como puente”, según el Premier Chang, hay calma esperando una respuesta positiva del gobierno a las demandas de diálogo y el cese a la represión.
Las demandas de las comunidades de Espinar son justas y deben ser aceptadas:

 Cese inmediata a la represión, y liberación de todos los presos y detenidos, e instalación de una mesa de diálogo de alto nivel.
 Aprobación de la Ley al Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas y Originarios.
 Suspensión de la Buena Pro otorgada, y revisión del convenio con la minera Xstrata Tintaya.
 Conformación de una comisión multisectorial para investigar inmediatamente, in situ, los actos de represión, violencia y la violación de los derechos humanos.
 Sanción a los violadores de los derechos humanos, derogación de las leyes de represión y del nuevo decreto legislativo 1095 que permite que la Policía Nacional reprima a los manifestantes con armas de fuego.
 Creación de una Comisión MacroRegional, encargada del estudio del balance hídrico y ambiental de la cuenca alta del río Apurímac en el plazo más breve posible, incluyendo una propuesta integral y concertada para el manejo del agua y de los demás recursos naturales del Sur del país.

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SOBRE LOS DL 1094, 1095 Y 1096

El Partido Socialista denuncia el carácter inconstitucional del decreto legislativo 1097, destinado a garantizar la impunidad en favor de efectivos militares y policiales responsables de crímenes atroces y de lesa humanidad y advierte que el anuncio de su derogatoria hecho desde Palacio de Gobierno no implica un reconocimiento de la mencionada inconstitucionalidad ni elimina otros DL que forman parte del paquete legislativo impuesto por el régimen (DL 1094, 1095 y 1096), aprobado excediendo las facultades otorgadas por el Congreso Nacional.

Gracias a la presión nacional e internacional, el gobierno de Alan García se ha visto obligado a dar un paso atrás en su intención de beneficiar a confesos violadores de derechos humanos, como los elementos policiales y militares que integraron el Comando Rodrigo Franco, bajo la jefatura de Agustín Mantilla, o el Gral. Hermosa Ríos, el Gral. Rivero Lazo, Martín Rivas y los elementos del Destacamento Colina, responsables de un sinnúmero de asesinatos, entre ellos los de La Cantuta y Barrios Altos, bajo el mando de Montesinos y Alberto Fujimori.
La actuación delictiva del ex Ministro de Defensa, Rafael Rey Rey, coludido con el Vicepresidente Giampietri y los abogados de los perpetradores, Nakazaki, Tapia y Souza (Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso) ha sido vergonzosa y debe ser enérgica y ejemplarmente sancionada. Es inaceptable la mentira al país al insitir en la constitucionalidad de los referidos decretos, sabiendo que el Poder Ejecutivo se ha excedido en el uso de las facultades que le diera el Congreso.

Resulta penosa la actuación del Congreso Nacional, que renunció a su obligación legal de revisar la constitucionalidad de las leyes que se dictan al amparo de facultades otorgadas. Ha sido evidente, en este caso, la complicidad de Unidad Nacional-PPC, el APRA y el fujimorismo. La maniobra ha quedado al descubierto, desnudando la alianza pro impunidad de estos grupos.
Reiteramos que este inconstitucional decreto no es el único engendro del Poder Ejecutivo. También se ha dictado el D.L. 1095, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, y mediante el cual se pueden realizar operaciones del tipo militar, en zonas declaradas en emergencia, contra “grupos hostiles”, siendo estos grupos definidos como tales si están mínimamente organizados, tiene capacidad y decisión para enfrentar al Estado y participan en hostilidades o colaboran en su realización.
¿Cuáles son los criterios para establecer que un grupo de ciudadanos que protestan por reivindicaciones que consideran justas se pueda convertir en un “grupo hostil” y ser considerado como un objetivo militar? ¿Por qué el D.L. 1095 no define qué son “hostilidades” y deja abierta la posibilidad de que las FFAA puedan intervenir no solo en situaciones de conflicto armado interno sino también en luchas sociales y disturbios?

Este decreto está claramente dirigido a evitar el democrático derecho a la libertad de expresión y movilización de la ciudadanía, generando situaciones en las que se expondrá a mayores riesgos de violación de los derechos fundamentales de aquellos ciudadanos y ciudadanas que participen en acciones de protesta, o que puedan verse afectados como consecuencia de la actuación de las Fuerzas Armadas contra grupos subversivos.

Es muy grave que el decreto encubra como un supuesto daño incidental o colateral, aquello que denomina “consecuencia no intencionada de operaciones militares en las que se puede ocasionar daño a personas civiles o bienes protegidos”. Es totalmente ambiguo y promueve el abuso de poder el que la norma señale que un daño colateral sería excesivo o no en función de una evaluación de las propias FFAA sobre “la necesidad militar y la proporcionalidad”.

Por último, todas las denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las Fuerzas Armadas y PNP en el control del orden interno serán competencia de la justicia militar, convirtiéndolos en juez y parte.
Llamamos a las organizaciones de trabajadores y campesinos, de estudiantes y profesionales, de iglesias y de movimientos regionales, a los partidos políticos y a la ciudadanía en general a rechazar estos Decretos Legislativos que atentan contra el derecho a la libertad de movilización y expresión, criminalizan la protesta social y militarizan la actuación del Estado frente a estos movimientos. La función de las FFAA no es reprimir a la población sino de defender al país en situaciones de guerra.

Lima, 13 de setiembre del año 2010

Comisión Política

EL PARTIDO SOCIALISTA Y LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y REGIONALES

El proceso electoral regional y municipal muestra el significativo potencial, aún escasamente articulado, de las fuerzas que apuestan por el cambio. Más allá de las limitaciones y errores de las izquierdas, de las fuerzas nacionalistas y progresistas, el proceso evidencia que son amplios los sectores de nuestro país que quieren un cambio de rumbo, que anhelan un país más justo y equitativo, con efectiva participación y control de la gente sobre las autoridades y sus decisiones, un país plurinacional y efectivamente descentralista, con real soberanía sobre nuestros recursos naturales, que construya un futuro de progreso, desarrollo y justicia social para todos y todas. En resumen, un Estado nuevo, un sistema político plenamente democrático y un desarrollo humano, equitativo y en armonía con la naturaleza

Confiadas en su enorme poder económico y en el control que tienen sobre los principales medios de comunicación y los aparatos represivos, las fuerzas más conservadoras de la derecha creyeron que en estas elecciones regionales y municipales podrían lograr fáciles triunfos sin opositores reales. Especialmente evidente fue el caso de Lima metropolitana, donde Alex Kouri y Lourdes Flores comenzaron a ventilar sus trapos sucios sin tapujos, hasta un punto en que el tema de la corrupción y la falta de transparencia les regresaron como un boomerang en sus propias caras, evidenciando que la honestidad política hay que buscarla en otras fuerzas y otros liderazgos.

Así, y gracias al esfuerzo unitario desplegado por Lima Para Todos (que integran los militantes del PS), junto con Fuerza Social, el MNI y Tierra y Libertad, los grupos políticos progresistas más importantes de la capital pudieron encontrar una figura con fuerza ética, sentido común y disposición de trato horizontal con la gente, a la cabeza de un bloque de centro izquierda, que plantea otra forma de hacer política y de servir a al pueblo. La candidatura de Susana Villarán apareció y crece como una opción de cambio viable y responsable, de cara a la ciudadanía de a pie y con el apoyo de profesionales, intelectuales y núcleos de emprendedores y de empresarios nacionales.

A ello se suman las opciones de cambio que hoy ocupan los primeros lugares en las preferencias electorales de diversos puntos del país. La de Alberto Quintanilla en Puno, en la alianza del PDR con el PNP; la de Goyo Santos en Cajamarca, con el MAS; la de Vladimiro Cerrón con Perú Libre en Junín; la de Villanueva con Nueva Amazonía en San Martín; la de Jorge Acurio en el Cusco, con el PNP apoyado por sectores de izquierda; la de Javier Atkins y Maximiliano Ruiz en Piura con Unidos Construyendo; la de Carlos Navas y la UDA de Amazonas; la de TUNA en Ayacucho, así como las izquierdas en Arequipa y Apurímac y otras candidaturas más que también apuestan por el cambio.

A pesar del evidente error que significa la división de fuerzas en varios lugares, las opciones por el cambio crecen en el país, y debieran crecer aún más si las izquierdas, las fuerzas progresistas y nacionalistas tuvieran la madurez de declinar candidaturas sin opción para fortalecer aquellas que puedan derrotar al fujimorismo, al aprismo y a la derecha en diferentes localidades. Ello evidenciaría verdadera vocación de poder y autentica disposición al cambio. Ciertamente, sería una gran responsabilidad negativa permitir el triunfo del continuismo conservador por una división irresponsable y liquidadora.

Pero las fuerzas por el cambio deben vincular la lucha municipal y regional con los serios problemas nacionales que atravesamos. Desde el problema de la corrupción generalizada del sistema imperante hasta el negociado del gas de Camisea a favor de una transnacional desinteresada en el desarrollo energético del Perú y el abaratamiento del transporte, la energía, el consumo doméstico y la competitividad de nuestras industrias y nuestro agro. Desde el problema del agua hasta el de la concentración de tierras, otra vez, en gigantescos latifundios que privan a millones de campesinos de su principal instrumento de trabajo y promueven un agro exportador y de monocultivo, abandonando la pequeña propiedad y el consumo nacional.

Las fuerzas por el cambio deben enfrentar también la campaña de demolición que la derecha mediática y económica ha emprendido contra los liderazgos más importantes en Lima y en las principales capitales del país. Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a Susana Villarán frente a las calumnias y agravios que se le lanzan desde la prensa aprofujiderechista que hoy pretende denigrarla, así como también a los compañeros y compañeras del MNI y a otros candidatos del cambio en buena parte del país.

Llamamos a trabajar por la forja de un gran Frente por la Victoria del Cambio, de una gran alianza de las fuerzas que desde las izquierdas hasta el centro político, con el innegable concurso de los nacionalistas y todos los sectores progresistas y democráticos. El Partido Socialista contribuye en promover una unidad programática, organizativa y una candidatura unitaria surgida a través de mecanismos democráticos y que abra paso a un proceso de cambios. Estos cambios han de expresarse en un Nuevo Gobierno que promueva una Nueva Constitución debatida y acordada por una Asamblea constituyente elegida por el pueblo soberano para forjar ese Nuevo Perú que anhelamos.

Llamamos a todas las fuerzas de izquierda, nacionalistas, progresistas, de centro izquierda, ecologistas, indigenistas andinos y pueblos amazónicos y al movimiento social y popular a expresar su compromiso y apoyo a las candidaturas por el cambio, sin miopías ni afanes de protagonismos personales o de grupo ajenos a la gran causa del cambio con justicia social.

Este 3 de Octubre tenemos un compromiso para golpear a la corrupción, al abuso de poder, a quienes expropian nuestros recursos y los manipulan al servicio de unos pocos, a quienes gobiernan y deciden de espaldas al pueblo, a quienes acrecientan la brecha entre ricos y pobres y sirven a los intereses de los poderosos sin ningún compromiso con la justicia social o con la equidad y sin respeto a los derechos de los pueblos y las ciudadanas y ciudadanos del Perú.


Lima, 02 de Setiembre de 2010


Comisión Política del Partido Socialista

Aida Garcia Naranjo Morales, Roberto Lay, Javier Diez Canseco, Alberto Quintanilla Chacón, Julio Cesar Bazán, Abraham Valencia, June Armas

EL GAS DE CAMISEA TIENE DUEÑO: EL PERÚ. ¡NO A LA EXPORTACIÓN!

Este lunes 26 de Julio, abriendo las actividades por las Fiestas Patrias, el Partido Socialista, con su Secretaria General -Aída García Naranjo- a la cabeza, junto a las fuerzas de la Coordinadora Político-Social (CPS) participaran en la movilización de rechazo a la exportación del gas de Camisea.

Exigiremos la reserva del total de los yacimientos del lote 88 y 56 para consumo nacional y a precios preferenciales.

Demandaremos una Política y un Plan Energético Nacional que tome el gas como una fuente fundamental, extendiendo el uso masivo del gas que hoy no se da, como lo evidencia que en una ciudad de 8 millones de habitantes, como Lima, apenas 30,000 familias tengan gas natural y que una minúscula cantidad de vehículos a nivel nacional se puedan abastecer de energía barata y limpia.

Lucharemos por recuperar plena soberanía nacional sobre nuestros Recursos Naturales, su uso y su destino, así como por un manejo de los mismos que cuide nuestro medio ambiente y que consulte y respete los derechos de los pueblos que habitan las zonas donde se generan.

Repudiaremos la política entreguista en curso, lo que incluye nuevas y vergonzosas concesiones de lotes para explotar gas pagando apenas un 5% de valor del gas extraído a boca de pozo

La movilización condena el negociado de la exportación del gas de Camisea cocinado durante el gobierno de Alejandro Toledo por Kuczynski y Quijandría, quienes pretenden repetir el plato el 2011. Repudia la hipócrita defensa de la exportación que hoy, a capa y espada, lleva adelante Alan García y la corrupta gestión de gobierno que encabeza, contradiciendo la denuncia que hizo del proceso que llevó a esos contratos el pasado 29 de Julio del 2009. Y denuncia las maniobras confusionistas que, bajo la versión de una falsa “renegociación” de los contratos con el Consorcio de Camisea, busca volver a legalizar la exportación de nuestra fuente de energía más barata y limpia a un precio vil.

Concentrándonos en la Plaza 2 de Mayo a las 10.30 a.m., marcharemos hacia la Plaza San Martín junto con el ex congresista Javier Diez Canseco, el único que el Congreso anterior votó contra los cambios legislativos que favorecían al Consorcio extranjero, con Humberto Campodónico, que ha impulsado el esclarecimiento de la verdad desde su columna periodística, con Julio Cesar Bazán, SG de la CUT Perú y Mario Huamán de la CGTP, entre otros, para lavar las banderas al mediodia en la Plaza San Martín, cumpliendo el llamado hecho por los Frentes Regionales y organizaciones sociales de la macro región sur realizado en Puno días atrás.

Todo ello, va de la mano con foros, charlas y seminarios para explicar a la población la verdad de los hechos entreguistas en curso y con el esfuerzo de organizar movilizaciones regi8onales encaminadas a impulsar una Marcha Nacional contra la exportación del gas, en defensa del consumo nacional y por reafirmar que el Gas de camisea tiene dueño: el Perú.